El coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Manuel Conde, presentó ante las Naciones Unidas la elección de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), calificándola como un hecho histórico que fortalece la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica de la República Dominicana.
Conde hizo la valoración durante una sesión sobre recuperación de activos y cooperación internacional, celebrada en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), donde destacó que Montero fue seleccionado por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader.
El jurista explicó que Montero es el primer magistrado proveniente de la carrera judicial que preside la Suprema Corte de Justicia desde la implementación del actual sistema de selección, en 2001.
La escogencia fue presentada como la primera de seis buenas prácticas dominicanas en materia de recuperación de activos. Conde sostuvo que la independencia de los órganos responsables de investigar y juzgar los casos de corrupción resulta fundamental para garantizar que los procesos judiciales se traduzcan en la recuperación efectiva de los recursos públicos.
En ese contexto, también resaltó la reforma constitucional de 2024, que atribuyó al Consejo Nacional de la Magistratura la designación del procurador general de la República a propuesta del presidente, así como la elección de Yeni Berenice Reynoso, quien proviene de la carrera del Ministerio Público.
Recuperación del patrimonio público
Al presentar los resultados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, Conde informó que las acciones del Estado en calidad de querellante y actor civil han permitido recuperar más de RD$165,000 millones.
Entre las prácticas expuestas, destacó la coordinación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para fortalecer la prevención, investigación y persecución de la corrupción.
Asimismo, señaló que la DIGEIG, dirigida por Milagros Ortiz Bosch, articula el trabajo de 191 comisiones y oficiales de integridad en distintas instituciones públicas.
El representante dominicano también presentó los acuerdos para la devolución de recursos bajo control judicial, la aplicación de la extinción de dominio y la administración especializada de bienes incautados. Además, mencionó la actualización de los códigos Penal y Procesal Penal como parte de los esfuerzos para ampliar las herramientas legales del Estado frente a la corrupción.
No obstante, Conde reconoció que el país todavía enfrenta desafíos para obtener sentencias definitivas, ejecutar esas decisiones y recuperar activos localizados en otras jurisdicciones.
En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la asistencia judicial internacional y los mecanismos que permitan a otros países reconocer las decisiones dominicanas relacionadas con decomisos, indemnizaciones civiles a favor del Estado y extinción de dominio.
Delegación dominicana ante las Naciones Unidas
La participación de República Dominicana fue coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, por iniciativa de su titular, Milagros Ortiz Bosch.
El Ministerio de Relaciones Exteriores acreditó a la delegación, encabezada por la embajadora Gilka Meléndez e integrada por Manuel Conde y Mario José Gallego Cosme, primer secretario de la Misión Permanente de la República Dominicana en Viena.
Durante su intervención, Conde defendió la recuperación del patrimonio público como una política de Estado y resaltó la importancia de que los recursos sustraídos al país regresen para ponerse al servicio de la ciudadanía.
