La propuesta impulsada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para establecer nuevos controles a quienes aspiren a cargos electivos ha generado reacciones divididas entre oficialismo y oposición.

El anteproyecto plantea exigir pruebas antidopaje, certificaciones de antecedentes penales y declaración de patrimonio como parte de los requisitos para postularse.

La iniciativa busca reforzar los mecanismos para impedir que personas vinculadas a actividades ilícitas accedan a posiciones públicas, en un contexto marcado por casos recientes que han involucrado a legisladores, alcaldes y dirigentes políticos con el narcotráfico y el lavado de activos.

Tanto dirigentes del gobierno como de la oposición coinciden en que la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos ya contempla disposiciones relacionadas con la transparencia de los candidatos, aunque difieren sobre la necesidad de nuevas medidas.

Nuevos filtros para aspirantes

El proyecto establece que quienes aspiren a candidaturas deberán presentar certificaciones de antecedentes penales en República Dominicana y también en los países donde hayan residido durante los últimos 15 años.

Asimismo, se plantea la obligatoriedad de realizar pruebas antidopaje y entregar declaraciones juradas de patrimonio, con el objetivo de fortalecer los controles de integridad dentro del sistema político.

Supervisión interna en los partidos

La propuesta también contempla la creación de programas de cumplimiento normativo dentro de las organizaciones políticas para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la infiltración del crimen organizado en los procesos internos.

En ese sentido, el proyecto sugiere que cada partido establezca unidades u oficiales de cumplimiento independientes encargados de supervisar los controles, verificar la idoneidad de los candidatos y vigilar la legalidad de los recursos utilizados en actividades políticas.

La iniciativa también busca reforzar el control del financiamiento privado, exigiendo identificar a los aportantes y prohibiendo donaciones de origen ilícito o desconocido.

La próxima semana, el anteproyecto será enviado a una comisión del Senado para su análisis, donde distintos sectores podrán presentar sus opiniones antes de que sea sometido a votación.