SANTO DOMINGO- La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, sobre la acusación por corrupción administrativa presentada contra Hugo Beras y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán.
La jueza Yanibet Rivas tomó la decisión después de que las partes presentaran sus argumentos.
Por el caso son procesados, además, Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.
También están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas acusadas son: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Mientras, la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la contundencia de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar, conocida en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Sostuvo que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones contra Hugo Beras, Gómez Canaán y los demás imputados.
Ortiz indicó que ninguna de las defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones del Ministerio Público de que la licitación ya había sido adjudicada a José Gómez Canaán antes de iniciarse el proceso formal.
Resaltó que esas actuaciones configuran un esquema de defraudación al Estado dominicano, al operar con “cartas marcadas”, evidentemente para favorecer a un proveedor con el que ya existían relaciones, a cambio de beneficios económicos.
“Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que corresponderá, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio”, subrayó.
