El Gobierno dominicano prohibió el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) para clasificar socialmente a los ciudadanos, manipular sus opiniones políticas, identificar posibles delincuentes a partir de su condición socioeconómica o adoptar decisiones penales de manera autónoma.
La medida forma parte de un nuevo marco de regulación ética para el uso de estas tecnologías en la Administración Pública, establecido mediante el Decreto 787-26, firmado el pasado 2 de noviembre por el presidente Luis Abinader, que aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana.
La normativa prohíbe los sistemas de clasificación social que condicionen el acceso de las personas a derechos y servicios públicos. Asimismo, restringe la identificación biométrica masiva e indiscriminada en espacios públicos, incluidos los sistemas de reconocimiento facial, de voz y de marcha, cuando no cuenten con las garantías legales y judiciales correspondientes.
El código también prohíbe los sistemas de predicción criminal que clasifiquen a las personas como potenciales infractores a partir de su lugar de residencia, origen étnico o situación económica. Estas prácticas son incompatibles con los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
De igual forma, impide que los algoritmos recomienden, determinen o ejecuten de manera autónoma sentencias penales, medidas de coerción o privaciones de libertad sin la intervención directa de una persona.
