Una coalición de diversas organizaciones presentó este jueves una demanda ante el tribunal federal del distrito de Massachusetts (EE. UU.) con el objetivo de anular la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita el voto por correo en las elecciones federales.
Entre los demandantes se encuentran la Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts, la Liga de Mujeres Votantes a nivel nacional, la Asociación de Estadounidenses Residentes en el Extranjero (AARO), la Fundación US Vote, OCA – Defensores Estadounidenses de los Asiáticos del Pacífico, así como la hermandad Delta Sigma Theta Sorority. En su denuncia, los grupos sostienen que la Constitución estadounidense establece claramente que únicamente el Congreso y los estados tienen autoridad para fijar las normas electorales, y que el presidente no posee facultades para imponer cambios unilaterales en la administración de las elecciones.
«Este caso cuestiona una afirmación extraordinaria y abusiva del poder ejecutivo sobre la organización de los comicios federales», señala el documento legal, recordando que no es la primera ocasión en la que Trump ha intentado ejercer poderes que corresponden exclusivamente al Congreso. Los demandantes argumentan que, de implementarse la orden del 31 de marzo, millones de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto, incluyendo miembros de sus organizaciones, podrían quedar excluidos del sufragio, generando un daño irreparable.
La orden ejecutiva firmada por Trump responde a su campaña para reforzar la narrativa de posibles fraudes en las elecciones de mitad de mandato programadas para noviembre. Entre sus disposiciones, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, debe elaborar un registro de votantes elegibles en coordinación con la Administración del Seguro Social y entregar listas de ciudadanos con derecho a voto a cada estado. Sin embargo, los demandantes advierten que las bases de datos federales son incompletas y poco confiables, lo que podría derivar en la exclusión masiva de votantes.
Además, la orden establece que el Servicio Postal debe crear un listado de votantes por correo autorizados y determinar qué boletas son consideradas inapropiadas para su entrega según la inclusión en la lista federal. «La orden ejecutiva busca instaurar un sistema de control federal entre los votantes y las urnas, facultando a un transportista federal para retener boletas de ciertos ciudadanos», advirtieron los demandantes, señalando que esta medida podría limitar significativamente el acceso al voto y vulnerar derechos constitucionales fundamentales.
