Desde apodos como «Medusa» y «Coral» hasta la divulgación de información sin una condena, muchos acusados de corrupción han enfrentado situaciones que aseguran violan sus derechos, recientemente, se ha intensificado el debate sobre hasta qué punto el manejo mediático de estos casos afecta la presunción de inocencia y el respeto a la dignidad de los imputados.

Filtraciones de información

Filtraciones de información, arrestos transmitidos en vivo y reputaciones destruidas son realidades amargas que viven muchos acusados en el país, incluso antes de ser declarados culpables en un tribunal. Esto plantea la grave interrogante: ¿se están vulnerando sus derechos fundamentales?

Según Eddy Mateo, abogado constitucionalista, aunque la Constitución Dominicana no establece explícitamente la prohibición de divulgación de información durante investigaciones, el Ministerio Público debe considerar los principios que rigen el accionar del Estado.

  • «La libertad de expresión es fundamental, pero no debe violentar la integridad ni el honor de las personas sin una comprobación judicial previa», explica.

Mateo enfatiza que, conforme al artículo 49 de la Constitución, se garantiza la libertad de expresión e información, sujeta a las leyes aplicables. Esto significa que el derecho a ser informado debe ejercerse con un respeto estricto hacia el honor y la intimidad de los individuos afectados.

Además, el abogado destaca que la Ley Orgánica del Ministerio Público (No. 133-11) impone a esta institución la obligación de proteger los derechos de los acusados. El artículo 11 de dicha ley establece que la fase de investigación no es pública para terceros, lo que implica que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de cumplir con sus propias normativas.

Mateo también menciona que, en el Reino Unido, existen leyes que consideran un delito la publicación de información que pueda comprometer un juicio. Este enfoque destaca la importancia de un equilibrio entre la libertad de prensa y los derechos de los imputados.

Este debate es crucial, no solo por la integridad de los acusados, sino también por la salud del sistema judicial y democrático del país. La protección de los derechos individuales debe prevalecer ante la presión mediática y las acusaciones públicas. En última instancia, el respeto a la presunción de inocencia es un pilar esencial para una sociedad justa y equitativa.