Santiago.– La muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, tras ser brutalmente agredido por una turba de motoconchistas, no solo configura un crimen que deberá ser sancionado por la justicia penal, sino que también revela una herida profunda en el tejido social dominicano: la normalización de la violencia como respuesta inmediata.
El hecho, ocurrido tras un incidente de tránsito, terminó en una persecución y posterior linchamiento que quedó captado en video.
Las imágenes muestran cómo la víctima fue interceptada y atacada con armas blancas y objetos contundentes, en una escena que evidencia la pérdida total del control colectivo y el desprecio por la vida humana.
Desde el punto de vista penal, el caso plantea una clave interrogante: ¿sobre quién recae la responsabilidad?
Aunque ocho personas han sido arrestadas por la Policía Nacional, la investigación deberá determinar el grado de participación individual en un hecho donde la violencia fue ejercida de forma grupal.
En este tipo de crímenes, la ley contempla figuras como la coautoría y la complicidad, lo que podría implicar sanciones severas para todos los involucrados.
Sin embargo, más allá del castigo judicial, el caso obliga a mirar hacia la sociedad: ¿qué está ocurriendo en las calles? ¿Por qué un conflicto vial termina en una ejecución pública? ¿En qué momento la ciudadanía comenzó a sustituir a las instituciones, imponiendo su propia ley?
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología, Abril Arias , este hecho es una señal alarmante de que el país transita hacia una peligrosa cultura de violencia, donde la llamada “justicia por mano propia” sustituye al Estado de derecho.
Arias advierte que la agresividad en las vías públicas ha escalado a niveles preocupantes, especialmente en sectores como el motoconcho, donde, según explica, se han normalizado conductas violentas ante cualquier incidente. “Cada roce se convierte en un detonante, cada discusión en una posible tragedia”, alertó.
El asesinato de Abreu Quezada no puede analizarse como un hecho aislado. Es, en palabras de expertos, el reflejo de una sociedad tensionada, donde la frustración, la falta de control emocional y la desconfianza en las autoridades crean el caldo de cultivo para reacciones extremas. ¿De dónde surge esta conducta violenta? ¿Es un problema de educación, de cultura, de impunidad o de salud mental?
Ante este panorama, se plantea la urgencia de respuestas integrales: no solo sanciones ejemplares para los responsables, sino también políticas públicas que abordan la raíz del problema, desde la educación cívica hasta la intervención psicológica en comunidades vulnerables.
Mientras tanto, el Ministerio Público se prepara para someter a los implicados, en un proceso que será clave para enviar un mensaje claro: la violencia colectiva no puede quedar impune. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿bastará la justicia para frenar una sociedad que parece haber perdido el control?
