El Mercedes Benz que pidió el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, apresado por solicitar soborno, puede llegar a costar hasta 10 millones de pesos en el mercado dominicano.
El modelo de tres filas de asientes de un Mercedes Benz modelo GLS 450 4matic, tiene un costo que alcanza los US$163,000, equivalentes a 9,742,000 pesos.
Entretanto, un reloj Rolex también solicitado por el fiscal imputado, dependiendo del modelo, puede costar entre RD$ 388,700 y RD$ 538,200.
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Fiscal fue apresado en flagrante delito
Valdez Alcántara fue detenido la noche del viernes 27 de marzo de 2026 durante una entrega controlada de dinero. El Ministerio Público utilizó a una persona bajo investigación para coordinar la entrega de US$10,000, suma que le fue ocupada al fiscal al momento del arresto.
Aunque fue capturado con 10,000 dólares, las investigaciones del Ministerio Público revelan que sus pretensiones eran mucho mayores. Según el expediente de solicitud de medida de coerción, inicialmente habría solicitado US$200,000, monto que luego «negoció» bajar a US$150,000.
El dinero provenía de una persona vinculada al caso de corrupción en el Senasa, donde se investigan fraudes millonarios. Valdez Alcántara, aprovechando su posición dentro de la PEPCA, propuso alterar el curso de la investigación y «suavizar» el expediente a cambio de estos beneficios.
De igual modo, habría exigido un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz (modelo 350 o 450). Se ha identificado a Roberto Canaán, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), como la persona que realizó el pago, investigado, además, por un presunto fraude millonario en dicha institución.
Al momento de su detención el viernes por la noche, se le ocuparon 100 billetes de 100 dólares (un total de US$10,000), los cuales habían sido previamente marcados o registrados bajo autorización judicial.
Aurelio Valdez Alcántara ingresó a la PEPCA en septiembre de 2020 y aunque no era el titular de los casos, formaba parte de los equipos de litigación en procesos de alto perfil, tales como el caso Senasa, sobre irregularidades en el Seguro Nacional de Salud.
Asimismo, trabajó en el caso de Los Tres Brazos, relacionado con la venta irregular de terrenos estatales y en el Caso Medusa, donde brindó apoyo en diversas fases del proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva contra el imputado; debido a su cargo, el caso es conocido por un juez de la Corte de Apelación, quien actúa como juez de instrucción especial para garantizar la imparcialidad.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso ha calificado el hecho como «grave» y ha reiterado una política de cero tolerancia, incluso hacia los miembros internos de la institución.
El escándalo ha generado un intenso debate sobre la integridad de las investigaciones anticorrupción en el país, ya que Valdez era, irónicamente, uno de los encargados de perseguir esos mismos delitos.
Otros casos
Aunque el caso de Aurelio Valdez Alcántara es relevante ser un fiscal de la PEPCA (quienes precisamente persiguen la corrupción), no es el primer miembro del Ministerio Público en enfrentar a la justicia.
Históricamente, y de manera más frecuente en los últimos años, varios fiscales han sido procesados por extorsión, soborno o asociación con el crimen organizado.
En el casaso de la «Operación Gavilán» (2023), una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías se dedicaba a borrar antecedentes penales de la base de datos de la Procuraduría General.
Varios fiscales de distintas demarcaciones fueron investigados y suspendidos por cobrar sumas de dinero para «limpiar» fichas de narcotraficantes, sicarios y violadores. Se descubrió que borraron más de 16,000 fichas, permitiendo que criminales peligrosos circularan como ciudadanos sin récord delictivo.
También está el caso Fiscal Gabriel Garcés (Santiago, 2024), quien fue arrestado tras ser acusado de extorsión contra un ciudadano.
Según la acusación, el fiscal solicitó una alta suma de dinero a cambio de no presentar cargos o de agilizar un proceso a favor de la víctima de la extorsión. Fue procesado bajo la gestión de la actual Procuraduría, reafirmando la política de «limpieza interna».
De igual modo, el caaso del fiscal de San Pedro de Macorís, apresado fue apresado tras ser captado recibiendo un soborno para favorecer a un imputado en un caso de drogas.
El caso fue muy mediático porque puso en evidencia cómo, en las provincias, algunos fiscales operaban con cierta «autonomía» para negociar expedientes menores de narcotráfico.
