El abogado constitucionalista Valentín Medrano advirtió hoy que en la etapa preliminar de los procesos penales se exigen pruebas rigurosas, que deben ser obtenidas de manera lícita, pertinentes, útiles y directamente vinculadas con los hechos imputados, lo que, a su entender, no ha ocurrido en el caso que se le sigue al exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Sostuvo que en dicho caso ha sido sintomática la degradación del estándar probatorio y la utilización de estrategias comunicacionales orientadas a minar la reputación de los imputados para justificar medidas de coerción y la solicitud de auto de apertura a juicio por parte del Ministerio Público, aun en ausencia de pruebas reales y suficientes.
Medrano declaró que en un Estado social, democrático y de derecho, no basta con acumular documentos, cajas de pruebas o parafernalias mediáticas, como hace el Ministerio Público en ese tipo de procesos, para sostener una imputación penal que a la larga no es sustentable.
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“El jurista Eugenio Raúl Zaffaroni dice que en el proceso penal lo más peligroso no siempre es el delito y creer que cualquier prueba basta, por lo que advierte que aceptar documentos sin valor probatorio real coloca al ciudadano en un estado de absoluta indefensión, lo que se puede apreciar claramente en estos procesos abultados de papeles más higiénicos que constitutivos de pruebas”, precisó Medrano.
Manifestó que en la audiencia del 29 de enero de 2026 también se comprobó que dentro de esas supuestas “pruebas” existen incluso documentos en idioma inglés sin traducir al español, tales como las pruebas 1333, 1334, 1337, 1387, 1388 y 1394 de la acusación del Ministerio Público. La audiencia preliminar para emitir el fallo está pautada para el 29 de mayo de 2026.
Sostiene que es por todos sabido que el Ministerio Público ha desplegado una estrategia comunicacional destinada a generar condenas sociales anticipadas mediante la presión mediática, cuando todavía no existen pruebas concretas que acrediten la comisión de ilícitos penales.
En ese sentido, también en dicha audiencia se cuestionó que se pretenda sostener un tipo penal tan grave como la estafa al Estado sin que el órgano acusador haya aportado una sola prueba que demuestre que, en el caso de su defendido, José Ramón Peralta, este estafó al Estado dominicano.
Recordó el precedente del caso Antipulpo, donde trece personas fueron enviadas a juicio durante la audiencia preliminar y, cinco años después, terminaron siendo descargadas por insuficiencia probatoria, evidenciando la importancia de que los jueces de la instrucción actúen en la etapa preliminar como el único dique de contención frente a imputaciones débiles o fabricadas.
