El abogado Gustavo de los Santos Coll cuestionó la decisión de variar la calificación jurídica en el proceso contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, al considerar que la aplicación del dolo eventual presenta inconsistencias legales que deberán ser examinadas por el tribunal que conozca nuevamente el expediente. Sus planteamientos fueron expuestos este lunes durante una entrevista en el programa El Rumbo de la Mañana.
Durante su intervención, el jurista sostuvo que la determinación de una responsabilidad penal debe fundamentarse en las disposiciones legales aplicables y en una valoración individualizada de las pruebas. A su juicio, la figura del dolo eventual no puede utilizarse para ampliar el alcance de una sanción penal sin una base normativa que lo sustente, por lo que entiende que la decisión adoptada merece una revisión jurídica.
De los Santos Coll explicó que la diferencia entre el homicidio involuntario y el homicidio voluntario por dolo eventual radica en los elementos que permiten establecer la conducta atribuida a los imputados. En ese sentido, señaló que el conocimiento de un riesgo y la aceptación de sus posibles consecuencias deben demostrarse mediante elementos probatorios concretos, y no presumirse únicamente por el resultado ocurrido.
El abogado también destacó que, desde su perspectiva, la acusación presentada originalmente por el Ministerio Público se correspondía con la legislación vigente al momento de los hechos. Por ello, cuestionó que la calificación jurídica fuera modificada durante el juicio y planteó que la decisión debe examinarse a la luz de los principios de legalidad, tipicidad y respeto al debido proceso.
En relación con los próximos pasos, De los Santos Coll explicó que el expediente deberá ser conocido desde el inicio por un tribunal colegiado, ante el cual la defensa podrá plantear los incidentes que considere pertinentes. El jurista entiende que esa jurisdicción tendrá que examinar tanto las pruebas como los cuestionamientos jurídicos relacionados con la nueva calificación, dentro de las garantías procesales correspondientes.
Finalmente, el abogado manifestó su preocupación por las implicaciones que, a su entender, podría tener la aplicación de criterios jurídicos no expresamente delimitados en la legislación penal. Sostuvo que el respeto a la legalidad debe prevalecer en todos los procesos judiciales y que la determinación de responsabilidades debe producirse mediante una decisión debidamente fundamentada, sin anticipar culpabilidad antes de que concluya el proceso.
