Una comisión de investigación del Parlamento francés propuso este jueves prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y establecer un “toque de queda digital” para jóvenes de entre 15 y 18 años.

La medida surge tras un análisis sobre el impacto de estas plataformas en la salud mental y el desarrollo de los adolescentes, con especial énfasis en TikTok.

El informe, adoptado el 4 de septiembre y presentado públicamente ahora, busca generar una “sensibilización masiva” sobre los riesgos que representan estas aplicaciones en la construcción de la personalidad de los jóvenes.

Los ponentes del texto, Arthur Delaporte (Partido Socialista) y Laure Miller (agrupación macronista), calificaron a TikTok como un “veneno” y “una red fuera de control al asalto de la juventud”.

De acuerdo con los parlamentarios, el modelo económico y los algoritmos de la plataforma de ByteDance están diseñados para captar la atención de los usuarios “a cualquier precio”, fomentando la exposición prolongada a contenidos que describen como “basura”. También criticaron que la empresa evitó responder a preguntas planteadas durante las comparecencias en la comisión.

Propuestas: restricciones, campañas y regulación escolar

El documento incluye 43 recomendaciones para lo que denominan “salir de la trampa TikTok”. Entre ellas destacan la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 15 años —excluyendo los servicios de mensajería— y la implementación de un horario restringido para adolescentes de 15 a 18 años, entre las 22:00 y las 08:00 horas.

  • Además, se plantea una campaña nacional de información sobre los riesgos del uso excesivo de redes y programas de formación para padres. En el ámbito educativo, la comisión sugiere generalizar la obligación de mantener apagados los teléfonos en las escuelas, prohibirlos en liceos y reducir el espacio de prácticas digitales en los centros.
  • Actualmente, Francia ya contempla que los menores de 15 años requieran autorización parental para abrir cuentas en redes sociales, según una ley aprobada en 2023, aunque su aplicación está pendiente por dudas de compatibilidad con la normativa europea.