La ministra Faride Raful destacó que la seguridad ciudadana requiere la coordinación de todas las instituciones del sistema.
SANTO DOMINGO.– Un total de 314 personas requeridas por la justicia se entregaron voluntariamente a las autoridades entre el 17 de agosto y el 16 de octubre de 2023, según informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader.
- De acuerdo con el balance presentado, 76 de estas personas eran buscadas por robo y asalto, 71 por homicidio y 49 por tráfico de drogas. Los demás casos estaban relacionados con agresiones y violencia, vehículos robados, delitos sexuales y otras infracciones.
Octubre concentró la mayor cantidad de entregas
Las estadísticas indican que entre el 17 y el 31 de agosto se registraron 31 entregas voluntarias, mientras que durante septiembre se contabilizaron 122. En los primeros 16 días de octubre, la cifra ascendió a 161 personas.
Durante su intervención, Raful también abordó los avances en la transformación policial, la ampliación del nuevo modelo de patrullaje y la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones.
- La funcionaria señaló que la seguridad ciudadana constituye una responsabilidad compartida entre los organismos que integran el sistema, bajo la rectoría del Ministerio de Interior y Policía.
Raful destaca coordinación institucional
La ministra resaltó la importancia de analizar indicadores, monitorear procesos y coordinar acciones conjuntas, en lugar de atribuir exclusivamente a la Policía Nacional la responsabilidad de enfrentar la delincuencia.
“No delegando solamente en la Policía Nacional, sino en todas las instituciones que pertenecen a este sistema que por primera vez trabaja de manera conjunta y que esta Fuerza de Tarea es la mejor evidencia de esto”, expresó.
- La presentación de los datos formó parte del balance de seguridad ciudadana de la Fuerza de Tarea Conjunta, espacio en el que las instituciones revisan los indicadores delictivos y coordinan acciones para fortalecer la respuesta del Estado.
