SANTO DOMINGO.- Durante el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía (2000-2004), al igual que todos sus predecesores, también fueron sometidos a la justicia importantes casos de corrupción administrativa, sin resultados positivos más allá de algunas simples condenas y devoluciones de parte del dinero robado.
La mayoría de los expedientes fueron relacionados a supuestos actos dolosos cometidos contra el Estado por funcionarios del primer gobierno del presidente Leonel Fernández (1996-2000), lo que obligó al saliente mandatario a tener que enfrentar de inmediato la justicia de manera personal.
Caso Peme
La primera acusación y el expediente de mayor impacto inicial que el gobierno de Hipólito Mejía presentó contra la gestión de Fernández fue el caso del Programa de Empleos Mínimos Eventuales (Peme), mediante el cual varios de sus exfuncionarios fueron acusados de estafar al Estado con la suma de mil 427 millones de pesos.
Este proceso se inició formalmente a las pocas semanas de que Mejía asumiera la Presidencia en agosto del año 2000, a través del entonces Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco).
Los acusados fueron Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiña, Luis Incháusti, su hermana Grecia Peguero Rivera, León Antonio López Mata y el empresario Noé Camacho Ovalles, los cuales fueron interrogados y hechos presos.
Fue un proceso que marcó un antes y un después en la política judicial dominicana por la magnitud del monto y las figuras involucradas.
El programa fue creado por el primer gobierno de Leonel Fernández con el objetivo oficial de reducir la delincuencia y mantener la “paz social”, con el emblema “pagar para no matar”.
Tenía dos nóminas, una llamada del Peme y otra del Programa de Acción Barrial (Prodaba). Consistía en otorgar pagos mensuales a jóvenes de barrios populares y a dirigentes comunitarios (muchos de ellos conocidos como “revoltosos” o líderes de protestas) para que no realizaran huelgas ni disturbios.
Sin embargo, según el expediente, el dinero se quedó en manos de los imputados, por lo que fueron sometidos a la justicia por el Depreco que creó el propio Fernández.
¿Qué pasó?
Fernández “había llegado a la conclusión” de que esos apresamientos se hacían con el fin de “desacreditarlo” y que el punto central de la investigación iba a ser él.
Por tal razón, el 24 de noviembre de 2000, apenas tres meses después de haber salido del Poder, acudió a la Procuraduría General de la República junto a miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y militantes de esa organización, para apoyar a sus compañeros, entregar un documento al entonces procurador Virgilio Bello Rosa y declararse preso, pero fue recibido con gases lacrimógenos lanzados por la Policía durante un incidente en el que algunos resultaron heridos con perdigones y el propio Fernández afectado por los gases.
Fernández solicitó su orden de arresto al procurador, ya que “él fue el responsable del PEME y debía de estar arrestado junto a sus compañeros”, a lo que Bello Rosa respondería que “bajo ningún concepto dictaría esa orden”.
Horas más tarde, Fernández fue ingresado al Centro Médico UCE, aquejado de broncoespasmo, provocado por los gases lacrimógenos.
En 2007, durante el segundo mandato de Fernández, el Ministerio Público (bajo la fiscalía de José Manuel Hernández Peguero) retiró los cargos contra los principales implicados por alegadas “faltas de pruebas”. Se argumentó que no había pruebas suficientes para sustentar un desfalco penal y que las auditorías no eran concluyentes.
En noviembre de 2007, un tribunal dictó el descargo definitivo de Luis Inchausti y los demás restantes, cerrando así de manera definitiva el capítulo judicial del caso.
Baninter
El colapso del Banco Intercontinental (Baninter) en el 2003 es considerado el fraude financiero más grande en la historia de la República Dominicana. Su impacto fue tan profundo que provocó una crisis económica nacional, una devaluación masiva del peso y un cambio drástico en la política del país.
Consistió en una estafa en el sector bancario estimada en principio en más de 55 mil millones de pesos y que terminó en más de 74 mil millones.
Conforme al expediente, Baninter operaba bajo un esquema de contabilidad paralela (conocido como “el banco oculto”). Mientras que los informes oficiales entregados a las autoridades mostraban una institución sólida, el banco real manejaba un déficit gigantesco que se ocultaba mediante registros manuales y sistemas informáticos manipulados.
De acuerdo con el citado expediente, el déficit se acumuló debido a diversas prácticas irregulares, como préstamos millonarios otorgados a los propios accionistas y a empresas relacionadas sin garantías reales.
Cita el expediente que el banco financiaba un estilo de vida de lujo extremo para sus ejecutivos, incluyendo aviones privados, yates y villas, y que mantenía una red de relaciones públicas que incluía pagos a políticos, militares de alto rango, periodistas y figuras influyentes para garantizar protección y evitar supervisiones rigurosas.
En marzo de 2003, el Banco Central intentó una fusión de Baninter con el Banco del Progreso para salvar la situación, pero la auditoría reveló un “hoyo financiero” de aproximadamente 55,000 millones de pesos.
Ante el riesgo de un colapso sistémico, el gobierno de Hipólito Mejía decidió intervenir y garantizar todos los depósitos de los ahorrantes. Esta decisión, aunque evitó un estallido social inmediato, disparó la inflación y la deuda pública.
Consecuencia
El costo del rescate bancario representó cerca del 15% al 20% del PIB dominicano de aquel entonces.
Las consecuencias fueron severas: la inflación superó el 40%, el peso dominicano se devaluó drásticamente (pasando de aproximadamente $18×1$ a más de $50×1$ frente al dólar). Se produjo un aumento significativo de la pobreza y la quiebra de miles de pequeñas empresas.
Tras años de un juicio altamente mediático, en 2007 el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia.
Los principales condenados fueron Ramón Báez Figueroa (presidente de Baninter), 10 años de prisión por lavado de activos y fraude; Luis Álvarez Renta (asesor financiero), 10 años por lavado de activos; Marcos Báez Cocco (vicepresidente), 10 años; Vivian Lubrano de Castillo, resultó absuelta y luego condenada a 5 años de prisión por la Suprema Corte de Justicia.
La sentencia disponía la devolución de cuantiosas sumas de dinero, bienes raíces y propiedades de los imputados.
¿Qué se logró?
Como ocurre en la actualidad, los condenados devolvieron parte de lo estafado y lograron obtener la libertad por diferentes vías, sin cumplir la totalidad de las penas.
Veamos: Vivian Lubrano de Castillo fue indultada por razones de salud en 2008 por el presidente de ese entonces Leonel Fernández.
El principal imputado, Ramón Báez Figueroa, apenas cumplió cinco años y nueve meses en prisión de los 10 años que le dictaron, tras ser favorecido con la libertad condicional por el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez Mejía.
Luis Álvarez Renta fue favorecido con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordenó su libertad, por considerar que había cumplido su condena, tomando en cuenta diversas razones. Se estima que en sí duró un aproximado de cinco años de cárcel.
Marcos Báez Cocco duró pocos años en la cárcel, en vista de que meses después de haber sido sentenciado, el Juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal le otorgó la prisión domiciliaria para que continuara cumpliendo su condena en su residencia.
Más tarde, en mayo de 2015, fue favorecido con la libertad condicional por el juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, Saulo Ysabel Díaz. Pidió la libertad condicional cuando estaba a punto de que se venciera la prisión domiciliaria concedida por el juez de la Ejecución de la Pena, José Medrano Kelys.
Víctor Tío
El caso de Víctor Tío, exadministrador de Bienes Nacionales, fue otro de los expedientes fallidos llevados a la justicia durante la gestión de Hipólito Mejía.
Aunque su caso fue sometido durante el gobierno de Mejía, no fue hasta el 2006 cuando se produjo una sentencia condenatoria, que luego terminó en una absolución.
Fue sentenciado a dos años de prisión y otros cuatro a un año, tras ser hallado culpable de prevaricación y asociación de malhechores en la enajenación de 3,382.2 metros cuadrados de terrenos propiedad del Estado.
Sin embargo, posteriormente fue descargado, mediante una sentencia que después fue confirmada en el 2009 por la Suprema Corte de Justicia.
Inavi
El expediente del Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) fue uno de los escándalos de corrupción más sonados al inicio de la década de los 2000. Este caso se centró en el manejo irregular de fondos públicos destinados a programas de asistencia social.
Al asumir el gobierno de Hipólito Mejía en agosto del año 2000, se realizaron auditorías en diversas instituciones. En el INAVI, se detectó un esquema de malversación de fondos a través del Programa de Reparación de Viviendas y la emisión de cheques sin el debido sustento legal o administrativo.
Se emitían cheques a nombre de personas que supuestamente realizarían reparaciones de viviendas, pero el dinero no llegaba a los beneficiarios.
Como ocurrió con casi la totalidad de los casos citados, en este expediente los imputados fueron descargados, sin que se produjera devolución del dinero hurtado.
Aunque los imputados fueron declarados inocentes por los tribunales, el caso quedó en la memoria colectiva como uno de los primeros ejemplos de la llamada “corrupción administrativa” que la gestión de Hipólito Mejía intentó perseguir al inicio de su mandato (frecuentemente bajo la oficina del DPCA, hoy Pepca), pero que terminó en un descargo judicial.
Otros casos fueron sometidos a la justicia por la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), hoy Pepca, que en ese entonces dirigía el abogado Jesús Féliz, pero en ninguno hubo sentencias de importancia.
Incluso, el caso del expresidente Fernández no prosperó por mandato del presidente Mejía, quien dijo que era de opinión que los expresidentes no se persiguen.
