La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre un deterioro sostenido de las libertades fundamentales en Nicaragua y señaló que las medidas de control estatal se han extendido hacia distintos sectores de la sociedad.

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El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU analiza la situación del país entre junio de 2025 y junio de 2026, periodo en el que el organismo denunció restricciones al espacio cívico, político y religioso, además de un mayor control institucional por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Según el documento, las autoridades nicaragüenses han reducido los espacios de participación política y silenciado a sectores opositores y críticos. La directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, afirmó que actualmente “ya no existe el pluralismo político” dentro de las instituciones nacionales ni en el ámbito municipal.

Kohonen indicó que durante el periodo evaluado ninguna de las 185 votaciones realizadas en la Asamblea Nacional registró votos disidentes y señaló que el partido gobernante mantiene el control de las 153 municipalidades del país.

El informe también aborda reformas institucionales aprobadas durante el último año, las cuales, según la ONU, aumentaron la concentración de poder en la Presidencia y limitaron la independencia de organismos de control.

Entre los aspectos señalados por el organismo internacional figura una reforma constitucional aprobada el 1 de septiembre, que, según la evaluación de la ONU, incorpora restricciones amplias a la participación política y podría profundizar la exclusión de sectores opositores.

  • La Oficina de Derechos Humanos reportó además el cierre de 56 medios de comunicación y la cancelación de 5,539 organizaciones desde el inicio de la crisis política en 2018.

El documento también menciona presiones contra miembros de la Iglesia católica y señala que más de la mitad de las diócesis permanecen sin obispos debido al exilio de sus titulares.

Durante los 12 meses analizados, la ONU registró al menos 35 detenciones arbitrarias y expresó preocupación por el aumento de muertes de personas bajo custodia estatal. Entre los casos mencionados está el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera.

  • La representante de Naciones Unidas llamó al Gobierno de Nicaragua a liberar a las personas detenidas arbitrariamente, detener las prácticas represivas y retomar la cooperación con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.

La delegación nicaragüense no participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos, luego de que el país anunciara su salida de ese organismo en 2025.