Manuel Cruz afirma que el caso SeNaSa trasciende la corrupción y roza un “crimen de lesa humanidad”

El panelista de El Sol de la Mañana, Manuel Cruz, afirmó este jueves que el caso SeNaSa —descrito por el Ministerio Público como un entramado que desvió fondos destinados a garantizar servicios de salud a millones de dominicanos— no debería ser catalogado únicamente como corrupción, sino como un posible “crimen de lesa humanidad”, debido al impacto directo que habría tenido sobre la vida y la integridad de pacientes vulnerables en todo el país.

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Su comentario surgió al reflexionar sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado el 10 de diciembre, y a propósito del segundo informe nacional presentado por la Defensoría del Pueblo, donde la salud aparece como el derecho más vulnerado, especialmente en mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

“No es corrupción; es un acto criminal contra los más vulnerables”

Cruz cuestionó que se trate el caso SeNaSa como un expediente más de malversación, cuando —según explicó— los fondos presuntamente robados tenían un efecto inmediato y devastador en la atención de salud de 7.5 millones de afiliados. Recordó que, a diferencia de otros casos de sobornos o sobrevaluaciones, aquí los recursos distraídos estaban destinados a tratamientos urgentes, evaluaciones médicas y servicios esenciales para pacientes en situaciones críticas.

El panelista relató, con crudeza, las consecuencias humanas que pudo haber generado la interrupción del sistema:

• Pacientes con ACV que no recibieron atención a tiempo y pudieron quedar paralíticos o fallecer.
• Personas con infarto que no pudieron ser tratadas mientras el seguro aparecía “en crisis”.
• Enfermos de cáncer que perdieron su sesión de quimioterapia el día programado porque el servicio no se activó.
• Niños con condiciones crónicas que no recibieron medicamentos indispensables para controlar su síndrome.
• Mujeres embarazadas que llegaron con amenaza de aborto y no pudieron ser atendidas al instante.

“Nadie puede asegurar que ahí no hubo muertos. Nadie lo sabe”, dijo Cruz, al señalar que la interrupción de servicios médicos esenciales, si se demuestra, constituye un atentado directo contra derechos que ni el Estado puede suspender, ni siquiera en guerra o estado de excepción.

Un señalamiento jurídico y moral

El abogado destacó que el derecho internacional define como jus cogens —núcleo duro de los derechos humanos— al derecho a la vida, a la salud, a no sufrir tratos crueles y al acceso a la justicia. Subrayó que ni una reforma constitucional podría suspender esos derechos, pero un grupo de personas, según el expediente, habría logrado hacerlo “para enriquecerse”.

Para Cruz, la naturaleza del daño sufrido por los afiliados —muchos de ellos envejecientes y personas con discapacidad— coloca al caso en otra categoría: “Esto no es corrupción. Esto es un acto criminal contra los más vulnerables del país”, insistió.

Pide al MP no negociar con implicados

Pidió al Ministerio Público evitar cualquier intento de acuerdo con los imputados y recordó que, si la culpabilidad se demuestra en los tribunales, el castigo debe ser proporcional al daño causado. “No le hablen de acuerdos a este país con esa vaina”, dijo, asegurando que la sociedad dominicana merece justicia.