Una jueza federal suspendió temporalmente las disposiciones aprobadas en Nueva York que impedían a los agentes de ICE utilizar máscaras durante sus operativos y los obligaban a exhibir información de identificación, en una nueva confrontación judicial entre el estado y el Gobierno de Donald Trump por la política migratoria.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Mae D’Agostino, quien concedió una orden judicial preliminar solicitada por el Gobierno federal mientras continúa el litigio sobre la constitucionalidad de las medidas.
Nueva York buscaba mayor identificación de agentes
Las normas estatales establecían restricciones al uso de coberturas faciales y exigían que determinados funcionarios mostraran información que permitiera identificarlos durante sus actuaciones.
El Gobierno federal acudió a los tribunales argumentando que un estado no tiene autoridad para determinar cómo deben vestirse, identificarse o ejecutar sus funciones los agentes encargados de aplicar las leyes federales de inmigración.
- En su decisión preliminar, D’Agostino consideró que el Gobierno estadounidense tiene probabilidades de prevalecer en ese argumento y señaló que las disposiciones regulan directamente a funcionarios federales, lo que podría entrar en conflicto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
El fallo implica que Nueva York no podrá aplicar esas restricciones contra los agentes de ICE mientras continúa el proceso judicial.
La disputa también alcanza los acuerdos 287(g)
La decisión no representó una victoria completa para Washington. La magistrada permitió que continúe vigente otra iniciativa de Nueva York destinada a impedir determinados acuerdos conocidos como 287(g), mediante los cuales agencias policiales estatales o locales pueden colaborar con ICE en tareas de aplicación de las leyes migratorias.
Esa prohibición entrará en vigor el 25 de agosto. La jueza consideró que Nueva York sí posee autoridad para decidir cómo emplear sus propias agencias, personal y recursos públicos.
La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James expresaron su desacuerdo con la suspensión de las restricciones sobre máscaras y estudian las alternativas legales disponibles.
- La resolución es preliminar y no pone fin al litigio sobre los límites del poder estatal frente a la autoridad federal en materia migratoria.
