La administración del presidente Donald Trump acusó a China de utilizar una red de terceros países para facilitar el ingreso de sus mercancías al mercado estadounidense y evitar los aranceles aplicados directamente a los productos de origen chino. La denuncia está contenida en un informe publicado por la Casa Blanca sobre el llamado transbordo ilegal.

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Según el documento, las mercancías que originalmente serían enviadas desde China hacia Estados Unidos son desviadas hacia otras jurisdicciones antes de llegar a su destino final. En esos países, los productos pueden ser sometidos a procesos como reetiquetado, reempaque, ensamblajes menores, refacturación o modificaciones en la documentación para aparentar que tienen un origen diferente.

La Casa Blanca sostiene que esta práctica se intensificó después de que Estados Unidos comenzara a imponer aranceles a productos chinos en 2018. De acuerdo con el informe, las diferencias entre las tarifas aplicadas a China y las establecidas para otros países habrían creado incentivos para utilizar rutas comerciales alternativas antes de introducir las mercancías en territorio estadounidense.

El reporte identifica a más de 40 países y jurisdicciones que, según Washington, presentan distintos niveles de riesgo de ser utilizados como puntos de transbordo. Entre ellos figuran México, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Panamá, además de varias economías de Asia y Europa.

Estados Unidos estima que el volumen anual de mercancías involucradas en estas operaciones podría situarse entre 40,000 y 303,000 millones de dólares. En un escenario considerado central, el Gobierno estadounidense calcula pérdidas de entre 19,000 y 26,000 millones de dólares en ingresos federales y alrededor de 450,000 empleos afectados.

Para enfrentar este mecanismo, la administración estadounidense plantea reforzar la supervisión de las cadenas de suministro y utilizar herramientas tecnológicas para identificar irregularidades en las rutas comerciales, verificar capacidades de producción y detectar posibles inconsistencias en el origen declarado de las mercancías.

El informe también coloca bajo observación a países que cuentan con zonas francas, infraestructura portuaria, instalaciones de almacenamiento, capacidad de ensamblaje o acceso preferencial al mercado estadounidense, debido a que estas condiciones podrían ser aprovechadas para modificar o redireccionar productos antes de su entrada a Estados Unidos.