Luego de que fuera rechazada la recusación en su contra, la jueza de instrucción especial Isis Muñiz continuará este martes con el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10,000 dólares de un testigo vinculado al caso Senasa.
La recusación fue decidida por la Corte de Apelación, luego de que la Suprema Corte de Justicia se declarara incompetente para conocer el recurso presentado por la defensa, que alegaba falta de imparcialidad de la magistrada.
Según la acusación, Valdez Alcántara presuntamente solicitaba sobornos de manera sistemática para influir en procesos en etapa de investigación.
El Ministerio Público sostiene que el imputado habría aprovechado su cargo en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa para obtener beneficios económicos a cambio de alterar procedimientos.
Acusaciones de soborno
El escándalo de corrupción que involucra a varios funcionarios del gobierno ha sacudido al país. Las acusaciones de soborno han sido dirigidas principalmente a altos cargos, quienes supuestamente aceptaron pagos ilegales a cambio de favores políticos.
La investigación, liderada por la Fiscalía General, ha revelado una red de corrupción que se extiende por varias instituciones públicas. Los ciudadanos exigen transparencia y justicia, mientras que los implicados niegan las acusaciones y aseguran que se trata de una campaña de desprestigio.
En una conferencia de prensa, el Presidente declaró que no tolerará ningún acto de corrupción dentro de su administración y prometió colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Por otro lado, la oposición ha aprovechado la situación para criticar al gobierno y exigir la renuncia de los funcionarios involucrados. La presión pública ha aumentado, y se espera que en los próximos días se tomen medidas drásticas para restaurar la confianza en las instituciones.
El impacto de este escándalo ha sido significativo, afectando la imagen del país a nivel internacional. Varios organismos han expresado su preocupación y han instado a las autoridades a actuar con celeridad. Mientras tanto, la población
De acuerdo con el expediente, el 13 de marzo de 2026 el fiscal se reunió con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de Plaza Lama, donde presuntamente le ofreció modificar el proceso en su contra a cambio de dinero.
El Ministerio Público señala que inicialmente exigió 200,000 dólares, cifra que luego redujo a 150,000 dólares, además de solicitar un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz, rechazando otras opciones de menor valor.
La acusación indica que el imputado mantuvo presiones constantes mediante llamadas telefónicas, fijando como fecha límite el 24 de marzo y advirtiendo sobre la judicialización del caso si no se concretaba el pago.
Entrega vigilada de dinero
El Banco Central anunció que la entrega de dinero será vigilada para evitar fraudes. Esta medida se implementará a partir del próximo mes y contará con la colaboración de las fuerzas de seguridad. El objetivo principal es garantizar que los fondos lleguen a sus destinatarios de manera segura y sin inconvenientes.
En la reunión de ayer, el director del banco, Juan Pérez, destacó la importancia de esta iniciativa. «Estamos comprometidos con la transparencia y la seguridad en todas nuestras operaciones», afirmó. Además, se mencionó que se utilizarán tecnologías avanzadas para monitorear cada transacción.
Por otro lado, se informó que los usuarios podrán acceder a una plataforma en línea para verificar el estado de sus transferencias. Esta herramienta permitirá a los clientes tener un mayor control sobre sus finanzas y asegurarse de que el dinero llegue a su destino sin problemas.
Como parte de la investigación, se autorizó una entrega vigilada de dinero, realizada el 27 de marzo en el parqueo de Bella Vista Mall, donde el testigo habría entregado el soborno dentro del vehículo del fiscal.
Posteriormente, agentes interceptaron el vehículo en las inmediaciones de la avenida Sarasota, bajo sospecha de que transportaba el dinero y otras evidencias relacionadas con el caso.
Cabe recordar que la Procuraduría General de la República informó sobre el arresto en flagrante delito del fiscal, ocurrido la noche del viernes 27 de marzo.
