El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 30 años de cárcel a un teniente coronel de la Policía, hallado culpable de pertenecer a una red internacional de drogas a la que en el 2015 se le ocupó un cargamento de 454.060 kilogramos de cocaína.
Hans Wender Lluberes Sánchez fue condenado a la pena máxima y al pago de una multa de 50 millones de pesos a favor del Estado dominicano.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Bianca Durán, señala que tras las investigaciones de inteligencia del Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público dio inicio a las pesquisas contra la red de tráfico de drogas, compuesta por dominicanos y venezolanos.
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Detalla que, producto del seguimiento al grupo criminal, el 17 de marzo de 2015, un equipo coordinado por el Ministerio Público de manera conjunta con miembros del CICC-DNCD, ejecutó órdenes de allanamiento en una aeronave procedente de Venezuela tras arribar al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), procediendo con la incautación de la droga.
En dicha nave, pilotada por Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, venían como pasajeros Jesé Manuel Houtman Fonseca, José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian de Jesús Díaz Martín, todos de nacionalidad venezolana, quienes también fueron judicializados por el caso.
Mientras que el exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez se encontraba en las afueras del aeropuerto para proceder con el pago a los que facilitaron la operación.
Al percatarse de la intervención de la DNCD y los arrestos, el ex oficial policial emprendió la huida, siendo arrestado en el Aeropuerto de Punta Cana.
El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo e Ignacio Rojas, demostraron la responsabilidad penal del procesado.
Los jueces del Segundo tribunal colegiado, Josefina Ubiera Guerrero (presidenta), Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez, dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
