La decisión del presidente Luis Abinader de suspender la actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, no es un hecho aislado, sino una constante cuando ha tenido que anteponer el interés colectivo.
La medida gubernamental surge tras un intenso paro provincial; diversos sectores sociales y productivos manifestaron su preocupación por el impacto ambiental y la protección de los recursos hídricos de la zona.
El mandatario fundamentó su decisión basándose estrictamente en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, tras argumentar que un proyecto de tal envergadura e impacto potencial no resulta viable si enfrenta una oposición masiva de la población.
Con esta acción, el Ejecutivo prioriza la paz social y el consenso comunitario como requisitos indispensables para la ejecución de cualquier iniciativa industrial en territorio nacional. Esta decisión no es casual, sino que se suma a una lista de proyectos que el Poder Ejecutivo ha retirado, incluso del Congreso Nacional, tras escuchar el descontento de la sociedad.
Otro ejemplo reciente y de mayor escala ocurrió en octubre de 2024, cuando el Gobierno retiró el proyecto de modernización fiscal apenas 11 días después de su presentación en el Poder Legislativo.
En su alegato, mediante un discurso, Abinader dijo que tomó la decisión por la falta de consenso y que, además, siempre ha sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo.
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En octubre de 2021, el gobernante había descartado someter una reforma fiscal previa bajo la premisa de que no era el momento oportuno para cargar a los dominicanos con más impuestos tras los estragos económicos de la pandemia. Esta postura se repitió al principio de su mandato en 2020, cuando se revocó la propuesta de aplicar impuestos al salario de Navidad y a las compras en moneda extranjera.
En febrero de 2023, el mandatario mandó a retirar el proyecto de Ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que había sometido.
La citada iniciativa buscaba proteger los derechos de las víctimas de trata, plan que recibió cuestionamientos de sectores que entendían que abría las puertas a que los inmigrantes ilegales permanecieran en el país.
De igual forma, el proyecto de ley de Ciberdelincuencia de 2022 fue frenado luego de que gremios periodísticos advirtieran sobre posibles restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información.
El manejo de activos estatales también ha pasado por el filtro de la opinión pública, por ejemplo, el proyecto de ley sobre el Fideicomiso Público de Punta Catalina en 2022.
Abinader
Pese a haber sido aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados, el rechazo mediático y de la oposición forzó al presidente Abinader a solicitar su envío al Consejo Económico y Social (CES) para una revisión profunda antes de agotar su trámite en el Senado.
Ocurrió lo mismo con otras iniciativas, como la creación del Ministerio de Justicia. Aunque la propuesta buscaba modernizar el sistema judicial, el Gobierno decidió detener su avance para integrar las correcciones sugeridas por diversos juristas y expertos. Posteriormente fue aprobado, pero luego de un consenso.
Esta apertura al diálogo ha permitido que las reformas estructurales del Estado sean sometidas a un escrutinio más riguroso antes de su implementación definitiva.
Con la detención del proyecto minero Romero, el presidente Abinader reafirma un modelo de gestión que prioriza la escucha activa y, al mismo tiempo, reitera su compromiso con la preservación del medio ambiente.
El caso del DNI
En el 2024, diferentes sectores sociales rechazaron la aprobación de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En virtud de eso, el Gobierno creó una comisión de connotados especialistas para realizar las correcciones de lugar.
Este año fueron acogidas las sugerencias de dicha legislación.
