Cuatro hombres fueron condenados a penas de entre cinco y diez años de prisión por integrar una estructura que sustrajo fraudulentamente recursos del programa de asistencia social Quédate en Casa, implementado por el Gobierno dominicano durante la pandemia del COVID-19 para ayudar a familias vulnerables.

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El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana impuso la pena máxima de diez años a Daniel Villegas Aquino, alias Pocholo, quien también deberá pagar una indemnización de RD$2 millones y una multa equivalente a 500 salarios mínimos del sector público.

Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa recibieron siete años de prisión cada uno, además de indemnizaciones individuales de RD$1 millón y multas equivalentes a 250 salarios mínimos.

En tanto, Rikelvin Alcántara Reyes fue condenado a cinco años de cárcel, una indemnización de RD$1 millón y una multa de 100 salarios mínimos del sector público.

Las indemnizaciones deberán pagarse a favor de la entonces Administradora de Subsidios Sociales (Adess), actualmente Dirección de Desarrollo Social Supérate, por los perjuicios ocasionados al Estado. El tribunal también ordenó decomisar cerca de un millón de pesos ocupados a Villegas Aquino durante la investigación.

Así operaba el fraude

El fraude se llevaba a cabo mediante un esquema bien organizado. Los estafadores utilizaban identidades falsas para abrir cuentas bancarias y solicitar préstamos. Una vez que el dinero era transferido, lo movían rápidamente a otras cuentas para dificultar su rastreo. Las víctimas, en su mayoría, eran personas mayores que confiaban en los estafadores debido a su apariencia profesional y persuasiva.

El grupo delictivo también empleaba técnicas de phishing para obtener información personal de sus víctimas. Enviaban correos electrónicos que parecían provenir de instituciones financieras legítimas, solicitando datos confidenciales. Una vez que obtenían esta información, la utilizaban para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y vaciarlas.

Las autoridades finalmente lograron desmantelar la operación gracias a una investigación conjunta entre la policía local y agencias internacionales. Se realizaron múltiples arrestos y se incautaron bienes por valor de millones de dólares. Este caso destaca la importancia de estar siempre alerta y proteger nuestra información personal en línea.

Según el Ministerio Público, los integrantes de la estructura utilizaban datos personales y códigos de beneficiarios de programas sociales para realizar transacciones fraudulentas mediante dispositivos electrónicos de pago, conocidos como verifones, vinculados a establecimientos comerciales.

La investigación, encabezada por los fiscalizadores Hernanda Arias Peña y Vicente Rodríguez Sánchez, permitió identificar el mecanismo utilizado para sustraer fondos públicos destinados a la alimentación y asistencia económica de familias vulnerables.

Durante los allanamientos fueron ocupados equipos electrónicos, dispositivos de procesamiento de pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo. Estas evidencias, junto con los análisis forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), sustentaron la acusación.

El órgano acusador estableció que los recursos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas eran utilizados para adquirir bienes y desarrollar actividades comerciales, con el propósito de aparentar un origen lícito.

Los hechos fueron calificados como estafa agravada, estafa electrónica, asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado y lavado de activos.

Ministerio Público apelará cuatro absoluciones

El Ministerio Público ha decidido apelar las cuatro absoluciones dictadas por el tribunal en el caso de corrupción que involucra a altos funcionarios. Según el portavoz del Ministerio, la decisión se basa en la convicción de que existen pruebas suficientes para condenar a los acusados. El juicio, que ha captado la atención de la opinión pública, ha sido uno de los más mediáticos del año.

Los abogados defensores, por su parte, han manifestado su satisfacción con el veredicto y han asegurado que sus clientes son inocentes de todos los cargos. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que las pruebas presentadas durante el juicio fueron contundentes y que el tribunal no las valoró adecuadamente. La apelación será presentada en los próximos días ante la Corte de Apelaciones.

Este caso ha generado un intenso debate sobre la eficacia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción en el país. Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la posibilidad de que la impunidad prevalezca en casos de alto perfil. El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para garantizar que se haga justicia y que los responsables sean sancionados conforme a la ley.

El Ministerio Público anunció que recurrirá las decisiones absolutorias a favor de Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández, quienes también fueron procesados por su presunta vinculación con el expediente.

La institución considera que existen fundamentos jurídicos para solicitar la revisión de esas decisiones ante una instancia superior.

Durante el juicio, el Ministerio Público había solicitado condenas de 20 años para Villegas Aquino y Encarnación Ubrí; 15 años para Ortiz de la Rosa y Alcántara Reyes; diez años para Alcántara Matos, Mendieta Ogando y Bidó Nova, y cinco años para Polanco Fernández.

La sentencia fue dictada por los jueces Edward Augusto Gerónimo Sánchez, quien presidió el tribunal, Blaury Luciano Ferreras y Luis Manuel Marte Leonardo.

Los condenados deberán cumplir sus penas en la cárcel pública de San Juan de la Maguana y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, conforme a lo dispuesto por el tribunal.