El crecimiento económico y la expansión del turismo en la provincia La Altagracia contrastan con los desafíos de seguridad ciudadana que enfrentan comunidades como Higüey, Verón-Punta Cana, Bávaro y La Otra Banda, donde los robos, hurtos, sustracción de motocicletas, microtráfico y delitos contra la propiedad afectan la tranquilidad de residentes y visitantes.
La situación plantea la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y garantizar que el desarrollo económico de la provincia esté acompañado de condiciones de seguridad que permitan a la población transitar, trabajar y vivir sin temor.
En un artículo de opinión publicado por Diario Libre, se plantea que el nuevo modelo de patrullaje policial representa una oportunidad para mejorar la seguridad, aunque advierte que sus resultados no deben medirse únicamente por la cantidad de agentes desplegados, los operativos realizados o los vehículos incorporados, sino por su impacto real y sostenido en la reducción de los delitos.
Proponen cinco acciones para mejorar la seguridad
La propuesta plantea cinco medidas fundamentales para enfrentar la delincuencia en la provincia.
La primera consiste en elaborar un mapa provincial del delito que permita identificar los sectores más vulnerables, los horarios críticos y las modalidades delictivas, con el propósito de distribuir de manera más eficiente los recursos policiales.
La segunda contempla fortalecer el patrullaje preventivo, mejorar la iluminación pública, recuperar espacios abandonados e instalar sistemas de videovigilancia bajo controles legales.
Como tercera medida, se propone impulsar programas dirigidos a jóvenes, con formación técnica, oportunidades laborales, actividades deportivas y acompañamiento comunitario para prevenir su vinculación con actividades delictivas.
La cuarta iniciativa consiste en establecer mesas municipales de seguridad con la participación de juntas de vecinos, autoridades, comerciantes, iglesias y organizaciones sociales, con compromisos concretos y verificables.
La quinta plantea realizar evaluaciones públicas trimestrales para informar sobre la evolución de los delitos, los tiempos de respuesta policial y la efectividad de las intervenciones.
El desafío de combatir la impunidad
El planteamiento también destaca la importancia de fortalecer las investigaciones, combatir la impunidad y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
En ese sentido, atribuye al sistema judicial una responsabilidad clave para garantizar procesos ágiles y sanciones oportunas conforme a la ley.
La propuesta advierte que la seguridad no debe depender de operativos ocasionales ni convertirse en una promesa electoral, sino sustentarse en presupuesto, planificación, continuidad y voluntad política.
La Altagracia, una de las principales zonas turísticas de República Dominicana, enfrenta así el reto de vincular su desarrollo económico con la tranquilidad de sus comunidades, bajo el principio de que el crecimiento de la provincia debe beneficiar tanto a sus habitantes como a quienes la visitan.





