El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para las 3:00 de la tarde de este miércoles la decisión sobre la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa.

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La defensa del exfuncionario sostiene que el proceso debe ser declarado extinguido porque, según argumenta, el expediente ha permanecido más de cinco años en los tribunales, superando el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal. El Ministerio Público, en cambio, se opone a la petición y atribuye parte de las dilaciones a actuaciones de la propia defensa.

  • Tras escuchar los argumentos de ambas partes, las juezas Claribel Nivar Arias, Claudia Nin y Yissel Soto reservaron su decisión para las 3:00 de la tarde, cuando deberán determinar si acogen el pedimento o si el proceso continúa su curso.

Jean Alain asegura que el proceso seguirá, cualquiera que sea la decisión

A la salida de la audiencia, Rodríguez afirmó que continuará defendiendo su inocencia, independientemente del fallo que emita el tribunal, y advirtió que la decisión de este miércoles no necesariamente pondrá fin al litigio judicial.

“Si fuera una decisión positiva, acogiendo con un buen derecho la posibilidad de hacerlo, el Ministerio Público va a apelarlo. Si fuera un rechazo, pues nuestra defensa va a apelarlo. Y eso continuará hasta llegar a la Suprema Corte, llegar al Tribunal Constitucional”, expresó el exprocurador.

Rodríguez también afirmó que seguirá dando la cara ante las acusaciones que pesan en su contra y sostuvo que la ciudadanía merece conocer su versión de los hechos.

“Nosotros vamos a enfrentar esa acusación, sea fuera de los tribunales como estamos, o dentro, pero la ciudadanía merece y tendrá una respuesta”, manifestó.

Decisión puede marcar el rumbo del caso Medusa

Rodríguez figura como principal imputado en el caso Medusa, expediente en el que el Ministerio Público le atribuye un supuesto entramado de corrupción administrativa por aproximadamente RD$6,000 millones durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República.

  • La decisión que adopte el tribunal esta tarde será determinante para establecer si el proceso continúa hacia el juicio de fondo o si se acoge la solicitud de extinción presentada por la defensa.