La Comisión de Revisión creada por la Ley 16-26 aprobó el protocolo que establecerá las reglas para la aplicación de esa normativa y dio pasos iniciales para comenzar el proceso de revisión y pago de las deudas pendientes con contratistas del Estado que cumplan con los requisitos establecidos.
La decisión fue adoptada durante la primera sesión de trabajo de la comisión, encabezada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, e integrada además por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
El documento aprobado establece los procedimientos, criterios técnicos y requisitos que deberán cumplir los expedientes sometidos para evaluación, incluyendo reclamaciones relacionadas con obras realizadas con contratos formales o sin ellos, siempre que correspondan a los parámetros definidos por la legislación.
La comisión informó que el protocolo será de conocimiento público y permitirá que el proceso avance bajo criterios de transparencia, seguridad jurídica y organización administrativa, además de facilitar la supervisión de los veedores y las instituciones involucradas en la aplicación de la ley.
Asimismo, los miembros de la comisión señalaron que trabajan para crear las condiciones necesarias que permitan iniciar el reconocimiento y desembolso de los pagos correspondientes a las obligaciones estatales validadas dentro del marco de la Ley 16-26.
La normativa contempla compromisos relacionados con contratistas que ejecutaron obras para instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), entre otras entidades públicas.
