Un juez del Distrito Nacional dictó medidas de coerción contra un hombre acusado de suplantar la identidad de abogado y fiscal del Ministerio Público para llevar a cabo un presunto esquema de estafa, chantaje y extorsión contra varias personas.
El imputado, Enercido Amaurys Heredia González, deberá pagar una garantía económica de 400 mil pesos mediante una aseguradora, además de cumplir con presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.
La decisión fue emitida por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público durante la audiencia.
Según la acusación, el Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado, señala al imputado por presunta estafa, usurpación de funciones y delitos relacionados con alta tecnología.
Las investigaciones indican que el acusado habría operado durante aproximadamente dos años un esquema fraudulento, haciéndose pasar por abogado y miembro activo del Ministerio Público para engañar a sus víctimas.
De acuerdo con el expediente, utilizaba un número de WhatsApp con el logo institucional del Ministerio Público como foto de perfil, desde donde enviaba supuestas citaciones judiciales relacionadas con casos ficticios, incluyendo homicidios y otros procesos penales.
El objetivo, según las autoridades, era cobrar dinero por supuestos servicios legales o extorsionar a las víctimas mediante amenazas de arresto.
El acusado fue arrestado en abril dentro de la sede principal del Ministerio Público mientras presuntamente realizaba una de estas acciones fraudulentas.
Las investigaciones han identificado al menos cuatro víctimas directas, con pérdidas económicas significativas y un intento de extorsión por 150 mil pesos.
El órgano persecutor también estableció que el imputado no es abogado titulado, sino estudiante de Derecho, según certificaciones oficiales y verificaciones universitarias.
En uno de los casos, incluso se habría presentado como supuesto defensor ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), negociando honorarios y solicitando pagos adelantados.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva como medida de coerción, mientras continúan las investigaciones del caso.
