La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pidió mayor respaldo internacional para atender la crisis de desplazamiento forzado que afecta a más de 423.000 personas en Honduras, donde la violencia y los desastres naturales continúan obligando a miles de familias a abandonar sus hogares.
En declaraciones ofrecidas a EFE en Tegucigalpa, la representante de ACNUR en Honduras, Kathryn Lo, señaló que el problema supera la capacidad de respuesta de las instituciones nacionales y requiere una acción conjunta entre el Estado, organismos internacionales y las comunidades afectadas.
Violencia y clima agravan la crisis humanitaria
“Creo que es un trabajo que realmente requiere la colaboración de las comunidades y el Estado en todos sus niveles; la cooperación internacional, las comunidades afectadas, toda la sociedad, porque es un fenómeno que realmente afecta a todo el país”, expresó la funcionaria.
Las cifras divulgadas por ACNUR, basadas en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, indican que el 4,5 % de la población hondureña ha sufrido desplazamiento interno en algún momento de su vida. Entre las principales causas figuran las amenazas de grupos criminales, las extorsiones y los fenómenos climáticos extremos.
La agencia considera que la publicación oficial de estos datos permite dimensionar una problemática que durante años permaneció poco visible. Kathryn Lo subrayó que detrás de cada estadística existen historias marcadas por pérdidas familiares, interrupción educativa y abandono forzado de comunidades enteras.
Mujeres y jóvenes, los más afectados
“Detrás de estas cifras debemos recordar que hay personas. Cada número representa a un niño o niña que tuvo que abandonar su escuela, o a un padre y una madre que tomaron la difícil decisión de salir de su hogar para proteger a su familia”, enfatizó.
Según ACNUR, el 55 % de las personas desplazadas son mujeres, muchas expuestas a violencia de género y situaciones de vulnerabilidad durante su traslado. Además, cerca del 38 % corresponde a jóvenes entre 15 y 34 años, un grupo especialmente afectado por la inseguridad y el riesgo de reclutamiento criminal.
La organización también alertó sobre las dificultades que enfrentan las familias desplazadas para acceder a servicios básicos, educación y empleo, especialmente en áreas rurales. A esto se suma el retraso en la implementación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, aprobada en Honduras en 2022.
