República Dominicana está compelida a apelar como último mecanismo el contrato que hizo con la empresa Lajun S.A. para la administración del vertedero de Duquesa, o de lo contrario tendrá que pagar el laudo de 44 millones de dólares al que fue condenada por un tribunal de Estados Unidos.
La información fue suministrada por una fuente ligada al caso, quien dijo que el asunto está siendo manejado por el Ministerio de Industria y Comercio.
“A República Dominicana le queda abierto el plazo de la apelación de la última sentencia que niega la nulidad. De no apelarse esta sentencia, a RD no le queda más opción que honrar lo dispuesto por el Tribunal arbitral”.
La fuente recordó que, en principio, República Dominicana tuvo ganancia de causa, puesto que el caso fue llevado al Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el entonces ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito.
Precisó que en ese entonces, el TSA acogió la solicitud de anulación del contrato que se hizo con la empresa Lajun y su presidente Lee-Chin, condenándolo al pago de una multa cuantiosa.
La disputa legal por el caso Duquesa se origina por incumplimientos y culmina en una batalla legal de casi una década
Explicó que, en virtud de eso, el caso fue llevado ante un tribunal de arbitraje por el señor Chin, tal y como estaba previsto en el contrato, produciéndose inicialmente un Laudo que acogía parcialmente la demanda de pagarle 400 millones de dólares en vez de los 600 millones que estaba solicitando.
“Los abogados de RD en el caso demandaron sin éxito la nulidad del Laudo y queda abierto el plazo de la apelación de la última sentencia que niega la nulidad. De no apelarse esta sentencia, RD no le queda más opción que honrar lo dispuesto por el Tribunal arbitral”, aseguró la fuente. La prevención de este tipo de contrataciones y manejo es parte de las tareas que debe agotar el Ministerio de Justicia.
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Una juez federal de Estados Unidos ordenó la confirmación de un laudo arbitral que obliga al Gobierno de República Dominicana a pagar cerca de US$44 millones al empresario multimillonario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin, en una batalla legal de casi una década, derivada por la terminación de un contrato para operar un vertedero.
En un memorando emitido el martes 31 de marzo, la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly adoptó en su totalidad la recomendación de un magistrado, desestimando los intentos del Gobierno dominicano de anular la decisión del tribunal internacional y otorgándole la razón al inversionista.
La información la trae el periódico Bloomberg Línea, en su versión digital, donde señala que la disputa se remonta a 2007, cuando un municipio de República Dominicana firmó un contrato con la empresa local Lajun Corp. SRL para gestionar el vertedero Duquesa.
En 2013, Lee-Chin, presidente y CEO de Portland Holdings Inc., que opera como una firma de gestión de inversiones, adquirió indirectamente el 90% de Lajun, así como de la porción del terreno donde se encuentra el relleno sanitario, a través de dos de sus empresas.
Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente. En 2017, alegando incumplimientos administrativos y daños ambientales, el Gobierno dominicano rescindió el contrato de Lajun, inició procesos administrativos para anular el acuerdo y tomó el control total de las instalaciones en Santo Domingo Norte.
Lee-Chin consideró la medida una expropiación ilegal y en 2018 presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia del Banco Mundial, amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe (Caricom). Su reclamo inicial superaba los US$300 millones.
