Santo Domingo. – El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó condena de 15 años de prisión a los ciudadanos venezolanos Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano, tras hallarlos culpables de trata de personas agravada con fines de explotación sexual.
Los jueces dispusieron que los condenados cumplan la pena en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. Además, ordenaron el pago de una indemnización de RD$500 mil para cada una de las víctimas.
El proceso fue instrumentado por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), que estableció en su expediente que los imputados formaban parte de una red criminal desmantelada mediante la Operación MC Girasoles, ejecutada en junio de 2024.
Según explicó la fiscal Aleika Almonte, de la PETT, el tribunal valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales demostraron la responsabilidad penal de los acusados en los hechos.
Almonte indicó que los elementos probatorios aportados se mantienen firmes y que, en caso de un eventual recurso, la Corte podrá verificar nuevamente las evidencias que sustentan la condena.
De acuerdo con el expediente acusatorio, la investigación se inició luego de que el Ministerio Público rescatara a tres mujeres de nacionalidad colombiana, quienes denunciaron que se encontraban encerradas en el lugar, donde recibían maltrato físico y emocional y eran obligadas a sostener relaciones sexuales con clientes a cambio de dinero.
Durante los allanamientos que permitieron el arresto de los implicados, las autoridades también ocuparon drogas ilegales, además de preservativos, documentos personales, balanzas y trituradoras presuntamente utilizadas para procesar sustancias controladas.
La titular de la PETT, Yoanna Bejarán Álvarez, reiteró el compromiso de esa unidad de continuar fortaleciendo la persecución penal contra las redes dedicadas a la trata de personas.
“Se trata de un delito que constituye una grave violación a los derechos humanos y una amenaza para la seguridad nacional”, expresó.
La sentencia fue dictada por los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista, quienes fijaron la lectura íntegra del fallo para el 29 de abril a las 2:00 de la tarde.
En sus motivaciones, el tribunal indicó que los testimonios y evidencias coincidieron en aspectos clave, incluyendo el lugar donde se encontraban las víctimas y los objetos ocupados durante los operativos, lo que permitió establecer la configuración de los tipos penales imputados por el Ministerio Público.
