Diputado 501… «¿ELECCIÓN O SOLO TRAMITE?»

Antonio Adame Tenorio

DñLas dos caras de la moneda del poder se sintetizan entre el último aliento del Presidente cuando dispone de una aprobación de un poco más del 54 por ciento. Así como el anverso de esa laxitud donde culmina el proceso electoral sentenciado como “el trámite”, por la muy posible presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Un “tramite” en el que México asume elegir a la 77ª Presidenta de la República, a través de “las elecciones más grandes de su historia”.

Dicha importancia trasciende por su volumen de nombrar más de 20 mil candidaturas de cargos oficiales en sus distintos ordenes de gobierno, así como disponer la lista nominal mayor a 98 millones de electores.

El examen anterior es de corte estadístico. Otra buena manera de evaluarlas, también, es por su analogía, desde diferentes aspectos de recurrir al examen del pasado histórico en el desarrollo de sus fuerzas productivas y sus relaciones sociales.

Los Reclamos de la Minoría.

Los comicios del 2024 definidos con insistencia como los de mayor tamaño, tanto de designación de cargos como de electores que deciden.

La importancia de las elecciones trasciende en realidad por favorecer al país en abordar la dinámica de cambio social, que permita impulsar condiciones sociales de seguridad y bienestar social, o sea, generar un Estado social de progreso social.

La situación de México conforme a los niveles de bienestar social que se conocen a nivel unidad arrojan un déficit que no corresponde a su dimensión e importancia, a partir de las variables más significativas, como son el tamaño de su superficie territorial y el número de habitantes, ambos oscilan en 12 por ciento del orden mundial; además, se debe señalar el tamaño de su producto interno bruto, situado en el 14 por ciento universal, estas cifras no corresponden al grado de bienestar mundial, cuyo rango se establece alrededor del 55 por ciento.

El contraste entre su jerarquía entre las economías mundiales y sus beneficios arroja un primer grado de insatisfacción marcado por la desigualdad e injusticia, cuya visión inversa advierte que existen grados desorbitados de concentración de pocos que retienen la mayor parte del PIB, ante una alta proporción de población (48.8 %) en condiciones de pobreza y a un 9.1% de inequidad en pobreza extrema.

Es en esa confrontación, la distribución del ingreso es reveladora de la injusticia social, cuando las dos terceras partes de la riqueza la concentra el 10% del nivel superior y una tercera parte del ingreso queda en manos del 1% de quienes perciben los ingresos superiores.

Si bien el gobierno de la 4T se ha comprometido en el combate a la corrupción con buenos resultados, el manejo presupuestal, en cambio, se caracteriza más por su falta de eficacia para cumplir el compromiso constitucional del Plan de Desarrollo, con apego al artículo 26 constitucional.

Desde la perspectiva del orden interno de la seguridad, se ofrece un aspecto singular que domina el quebranto de la violencia directa que ejercen bandas armadas en disputa del control sobre la población cautiva en un tercio del territorio del país.

La participación de los grupos armados en las elecciones ha sido registrada en sus diferentes rostros, desde la filtración de dinero ilícito en las campañas, hasta amenazas a candidatos obligados a renunciar o correr el riesgo de su eliminación; una demostración desaforada como la ejecución de Alfredo Cabrera, candidato de Coyuca de Benitez en Guerrero.

Para mantener el asombro siguió la muerte a tiros de Jorge Huerta, candidato a regidor en Matamoros, Puebla; se eleva a 37 el número de postulantes asesinados en la temporada electoral de 2024, uno más que durante las elecciones intermedias de 2021, con 36 víctimas de homicidio a diferentes cargos, según datos de la consultora de seguridad Integralia.

Hoy los avances democráticos han sido: la participación de mujeres como candidatas en el rango presidencial, una avance de equidad de género que favorece la comprensión y relación fraterna.

Las Mayorías incluyentes.

La Nación por 77 ocasión experimenta el cambio presidencial, mismo que, por primera vez, lo ocupará una mujer,

Renan no se equivoco al afirmar que “la nación es el plebiscito diario”

El Poder Ejecutivo mexicano, a partir de su independencia estuvo sujeto a los cambios emanados de una lucha interna por el control político que osciló entre la forma de gobierno federalista y centralista en el escenario del siglo XIX, sin faltar el carácter imperial.

El gobierno que viene debe racionalizar el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO no sólo por cumplir formalmente con la Constitución, sino principalmente por establecer una guía para gobernar con una visión de largo alcance, donde el país trace su ruta de desarrollo; por encima de la temporalidad, se deben fijar objetivos transexenales.

En apretada síntesis estos enfrentamientos por la disputa del poder fueron:

En 1822 Primer imperio de Iturbide; 1824 República Federal; 1834 República Centralista (perdida de Texas); Intermedio Federalista 1841; República Centralista 1843; República Federal 1846 (perdida mitad del territorio); República Centralista1853; República Federal 1855; Gobierno Conservador y Segundo Imperio 1858-1867; Gobierno de la República Federal (Triunfo de la República)1858-1867; República Federal 1871-1914; Revolución Constitucionalista 1913-1920; Soberana Convención Revolucionaria 1914-1915;; Presidentes revolucionario y contemporáneos 1920-2024(Manuel González Oropeza, 2009).

En resumen; el listado anterior revela:
a) En primer lugar, una lucha prolongada por el poder, la cual era derivada por la predominancia de la forma de gobierno, entre la República y el Imperio.

b) En segundo término, la disputa por el control del gobierno señala la forma de dominio territorial entre el centralismo y el federalismo y ambas características se dividen por la ideología del liberalismo, además de un conservadurismo como resabio de la prominencia de la monarquía y la corona ibérica de raíz europea. El presidente Benito Juarez tuvo el acierto de defender la integridad de la Nación.

De los presidentes que alentaron parte de la entrega territorial del país destacan Antonio López de Santa Ana y Manuel Peña y Peña.

c) La mencionada nómina de poder cierra con los mandatarios emanados de la revolución y los contemporáneos, donde se presentan los neoliberales y los recién emanados del germen alternativo en ciernes neo democrático.Lázaro Cárdenas conjuga el interés de la Nación; Carlos Salinas de Gortarí hasta llegar a Enrique Peña Nieto fueron gobernantes que sirvieron intereses corporativos ajenos y contrarios a la Nación.

d) Por lo que se refiere a los revolucionarios, quienes fundaron sus mandatos en los principios de la Constitución de 1917, cuya expresión refleja la legitimidad de la Nación originaria, o sea, en la lucha de los pueblos originarios por la tierra y los derechos sociales, como se fundamenta el artículo 27 de dicho código, donde se expresa que la Nación es la propietaria originaria del suelo y subsuelo, así como dispone de la facultad de otorgar el reconocimiento al uso que más convenga al uso de la tierra.

Ese es el esquema histórico ideológico del pueblo mexicano que ha construido con las armas de la legitimidad por medio de los combates libertarios o de los embates electorales.

Por medio del voto en condiciones de libertad y seguridad o por medio de las armas, cuando se le impide sus derechos y su libertad.

Promulgación Constitucional.

Hoy México vuelve a rescatar la esperanza y espera el cambio que resuelva sus conflictos de opresión y limitación, que impide el acceso a un desarrollo compartido donde se alcance un país con capacidad de resolver sus demandas básicas y mantener la seguridad del control territorial y la satisfacción de sus habitantes ,¿hasta dónde se dimensiona ese horizonte?.

Sin duda, el voto de cada ciudadano mexicano decide más allá de la designación de una administración, ratifica o modifica mantener la soberanía de la Nación como forma de asumir la responsabilidad de modelar su futuro.

La Presidenta del Gobierno debe cumplir la Constitución de elaborar y llevar a la realidad el Plan Nacional de Desarrollo 2024 a 2030.

Antonio TENORIO Adame

Las dos caras de la moneda del poder se sintetizan entre el último aliento del Presidente cuando dispone de una aprobación de un poco más del 54 por ciento. Así como el anverso de esa laxitud donde culmina el proceso electoral sentenciado como “el trámite”, por la muy posible presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Un “tramite” en el que México asume elegir a la 77ª Presidenta de la República, a través de “las elecciones más grandes de su historia”.

Dicha importancia trasciende por su volumen de nombrar más de 20 mil candidaturas de cargos oficiales en sus distintos ordenes de gobierno, así como disponer la lista nominal mayor a 98 millones de electores.

El examen anterior es de corte estadístico. Otra buena manera de evaluarlas, también, es por su analogía, desde diferentes aspectos de recurrir al examen del pasado histórico en el desarrollo de sus fuerzas productivas y sus relaciones sociales.

Los Reclamos de la Minoría.

Los comicios del 2024 definidos con insistencia como los de mayor tamaño, tanto de designación de cargos como de electores que deciden.

La importancia de las elecciones trasciende en realidad por favorecer al país en abordar la dinámica de cambio social, que permita impulsar condiciones sociales de seguridad y bienestar social, o sea, generar un Estado social de progreso social.

La situación de México conforme a los niveles de bienestar social que se conocen a nivel unidad arrojan un déficit que no corresponde a su dimensión e importancia, a partir de las variables más significativas, como son el tamaño de su superficie territorial y el número de habitantes, ambos oscilan en 12 por ciento del orden mundial; además, se debe señalar el tamaño de su producto interno bruto, situado en el 14 por ciento universal, estas cifras no corresponden al grado de bienestar mundial, cuyo rango se establece alrededor del 55 por ciento.

El contraste entre su jerarquía entre las economías mundiales y sus beneficios arroja un primer grado de insatisfacción marcado por la desigualdad e injusticia, cuya visión inversa advierte que existen grados desorbitados de concentración de pocos que retienen la mayor parte del PIB, ante una alta proporción de población (48.8 %) en condiciones de pobreza y a un 9.1% de inequidad en pobreza extrema.

Es en esa confrontación, la distribución del ingreso es reveladora de la injusticia social, cuando las dos terceras partes de la riqueza la concentra el 10% del nivel superior y una tercera parte del ingreso queda en manos del 1% de quienes perciben los ingresos superiores.

Si bien el gobierno de la 4T se ha comprometido en el combate a la corrupción con buenos resultados, el manejo presupuestal, en cambio, se caracteriza más por su falta de eficacia para cumplir el compromiso constitucional del Plan de Desarrollo, con apego al artículo 26 constitucional.

Desde la perspectiva del orden interno de la seguridad, se ofrece un aspecto singular que domina el quebranto de la violencia directa que ejercen bandas armadas en disputa del control sobre la población cautiva en un tercio del territorio del país.

La participación de los grupos armados en las elecciones ha sido registrada en sus diferentes rostros, desde la filtración de dinero ilícito en las campañas, hasta amenazas a candidatos obligados a renunciar o correr el riesgo de su eliminación; una demostración desaforada como la ejecución de Alfredo Cabrera, candidato de Coyuca de Benitez en Guerrero.

Para mantener el asombro siguió la muerte a tiros de Jorge Huerta, candidato a regidor en Matamoros, Puebla; se eleva a 37 el número de postulantes asesinados en la temporada electoral de 2024, uno más que durante las elecciones intermedias de 2021, con 36 víctimas de homicidio a diferentes cargos, según datos de la consultora de seguridad Integralia.

Hoy los avances democráticos han sido: la participación de mujeres como candidatas en el rango presidencial, una avance de equidad de género que favorece la comprensión y relación fraterna.

Las Mayorías incluyentes.

La Nación por 77 ocasión experimenta el cambio presidencial, mismo que, por primera vez, lo ocupará una mujer,

Renan no se equivoco al afirmar que “la nación es el plebiscito diario”

El Poder Ejecutivo mexicano, a partir de su independencia estuvo sujeto a los cambios emanados de una lucha interna por el control político que osciló entre la forma de gobierno federalista y centralista en el escenario del siglo XIX, sin faltar el carácter imperial.

El gobierno que viene debe racionalizar el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO no sólo por cumplir formalmente con la Constitución, sino principalmente por establecer una guía para gobernar con una visión de largo alcance, donde el país trace su ruta de desarrollo; por encima de la temporalidad, se deben fijar objetivos transexenales.

En apretada síntesis estos enfrentamientos por la disputa del poder fueron:

En 1822 Primer imperio de Iturbide; 1824 República Federal; 1834 República Centralista (perdida de Texas); Intermedio Federalista 1841; República Centralista 1843; República Federal 1846 (perdida mitad del territorio); República Centralista1853; República Federal 1855; Gobierno Conservador y Segundo Imperio 1858-1867; Gobierno de la República Federal (Triunfo de la República)1858-1867; República Federal 1871-1914; Revolución Constitucionalista 1913-1920; Soberana Convención Revolucionaria 1914-1915;; Presidentes revolucionario y contemporáneos 1920-2024(Manuel González Oropeza, 2009).

En resumen; el listado anterior revela:
a) En primer lugar, una lucha prolongada por el poder, la cual era derivada por la predominancia de la forma de gobierno, entre la República y el Imperio.

b) En segundo término, la disputa por el control del gobierno señala la forma de dominio territorial entre el centralismo y el federalismo y ambas características se dividen por la ideología del liberalismo, además de un conservadurismo como resabio de la prominencia de la monarquía y la corona ibérica de raíz europea. El presidente Benito Juarez tuvo el acierto de defender la integridad de la Nación.

De los presidentes que alentaron parte de la entrega territorial del país destacan Antonio López de Santa Ana y Manuel Peña y Peña.

c) La mencionada nómina de poder cierra con los mandatarios emanados de la revolución y los contemporáneos, donde se presentan los neoliberales y los recién emanados del germen alternativo en ciernes neo democrático.Lázaro Cárdenas conjuga el interés de la Nación; Carlos Salinas de Gortarí hasta llegar a Enrique Peña Nieto fueron gobernantes que sirvieron intereses corporativos ajenos y contrarios a la Nación.

d) Por lo que se refiere a los revolucionarios, quienes fundaron sus mandatos en los principios de la Constitución de 1917, cuya expresión refleja la legitimidad de la Nación originaria, o sea, en la lucha de los pueblos originarios por la tierra y los derechos sociales, como se fundamenta el artículo 27 de dicho código, donde se expresa que la Nación es la propietaria originaria del suelo y subsuelo, así como dispone de la facultad de otorgar el reconocimiento al uso que más convenga al uso de la tierra.

Ese es el esquema histórico ideológico del pueblo mexicano que ha construido con las armas de la legitimidad por medio de los combates libertarios o de los embates electorales.

Por medio del voto en condiciones de libertad y seguridad o por medio de las armas, cuando se le impide sus derechos y su libertad.

Promulgación Constitucional.

Hoy México vuelve a rescatar la esperanza y espera el cambio que resuelva sus conflictos de opresión y limitación, que impide el acceso a un desarrollo compartido donde se alcance un país con capacidad de resolver sus demandas básicas y mantener la seguridad del control territorial y la satisfacción de sus habitantes ,¿hasta dónde se dimensiona ese horizonte?.

Sin duda, el voto de cada ciudadano mexicano decide más allá de la designación de una administración, ratifica o modifica mantener la soberanía de la Nación como forma de asumir la responsabilidad de modelar su futuro.

La Presidenta del Gobierno debe cumplir la Constitución de elaborar y llevar a la realidad el Plan Nacional de Desarrollo 2024 a 2030.